Gobernanza del plan

La gobernanza del Plan Justicia del Futuro 2034 se concibe como un modelo institucional moderno, plural y transparente que garantiza la conducción estratégica, el cumplimiento de las metas y la participación de la sociedad en el proceso de transformación. Su diseño articula dirección institucional, deliberación colectiva, mecanismos de control ciudadano y evaluación periódica, asegurando legitimidad, sostenibilidad y resultados tangibles.

Reconociendo la naturaleza dinámica de un plan a diez años y estructurado en escenarios, se adopta una gobernanza resiliente y flexible, con capacidad de anticipación, ajuste continuo y orientación a resultados sostenibles en el largo plazo. Su funcionamiento y seguimiento se organizan en torno a los siguientes postulados:

Participación multisectorial y multinivel

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Gobernanza adaptativa

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Seguimiento basado en evidencia

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Ciclo de mejora continua

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Proceso del plan

1

Conferencia Nacional del Poder Judicial

La Conferencia Nacional del Poder Judicial es la instancia rectora del plan. Un espacio de encuentro, deliberación y rendición de cuentas donde jueces y servidores judiciales evalúan acciones y realizan propuestas sobre cómo lograr los objetivos y las metas planteadas. Como rectora del plan tiene a su cargo:

2

Comisiones estratégicas

El plan se desarrolla a través de comisiones estratégicas, organizadas en torno a los ejes de justicia ágil, accesible y transparente. Estas lideran la ejecución de los proyectos estratégicos y están integradas por jueces y juezas de todas las instancias, servidores judiciales y actores claves externos según la temática de la comisión.

3

Participación social

El plan integra de manera transversal la voz de la ciudadanía mediante consultas públicas, mesas de trabajo, grupos focales, encuestas y encuentros regionales, coordinados por jueces en cada jurisdicción. Estos datos deben ser remitidos a la secretaría técnica permanente de la Conferencia Nacional para registro y análisis.

4

Comunicación y vocerías

La gobernanza cuenta con un sistema de vocerías, mediante el cual los jueces y las juezas comunican los avances y desafíos del plan a las comunidades, garantizando claridad, coherencia y continuidad, a fin de reforzar la confianza en la justicia y cohesión con la institución.

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